Arturo Angulo: “Las entidades sociales han cubierto ciertos vacíos pero no sería bueno que se cronifique la situación”

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Arturo Angulo

Arturo Angulo Urarte es Responsable de Alianzas de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en España y formará parte de la mesa de administraciones públicas durante el IV Encuentro nacional de la ACHM-E que se celebra mañana en León.

– El Informe de Seguridad Alimentaria 2017 revela que más de 800 millones de personas en el mundo viven en situación de subalimentación. ¿Qué se está haciendo mal para que, en el momento histórico de mayor capacidad de producción de alimentos, siga habiendo hambre en el mundo?

Sí, es un hecho, una dura realidad que es necesario seguir denunciando. Pese a esa abundancia en la producción de alimentos a nivel mundial (se pierden o desperdician alrededor de 1/3 de la producción mundial) siguen padeciendo hambre 1 de cada 9 personas en el mundo, habiéndose incluso incrementado este año su número de forma significativa. La inequidad económica y la desigualdad en nuestro mundo y en muchas de nuestras sociedades impide a importantes sectores de la población tener un acceso suficiente a los alimentos, aunque estos existan.
Está faltando la voluntad política necesaria y los sistemas de gobernanza internacional adecuados para tratar estas problemáticas de fondo e invertir los medios humanos y económicos precisos para fortalecer los sistemas de protección social, la capacidad de producción del campesinado más vulnerable, o para contribuir a sistemas alimentarios más sostenibles y saludables. El cambio climático acelerado, el incremento de las catástrofes naturales, la cronificación de conflictos armados y la profundización en la desigualdad son semáforos de alerta y al mismo tiempo causas de la subalimentación que no podemos ignorar por más tiempo.

– Según un informe de Unicef, en nuestro país viven más de dos millones de niños en situación de pobreza relativa. Además, 30.000 familias con niños pasan hambre en España. ¿Qué grado de responsabilidad tienen las administraciones públicas?
Sin excluir la responsabilidad que todos los actores sociales con una relación directa con la alimentación poseen, el Estado es sin duda, como consta en los acuerdos internacionales, el garante último del Derecho Humano a una Alimentación Adecuada, y las administraciones públicas son su principal herramienta para hacerlo efectivo. Sin las políticas públicas de protección social que las administraciones públicas vienen desarrollando en España en las últimas décadas la situación sería mucho más grave. Lo aprendido en la crisis debe llevar a reforzar y no reducir estas políticas y adaptarlas al contexto actual. No olvidemos que la desigualdad económica es uno de los principales factores que generan malnutrición y velar por la equidad debe situarse en el centro de las medidas políticas a desarrollar.

– La malnutrición, el sobrepeso y la obesidad entre los colectivos más desfavorecidos son algunas de las consecuencias más graves de esta situación de inseguridad alimentaria. ¿Cómo se explica que en un país como España el 3’2% de los hogares no puedan permitirse comer carne, pollo o pescado tres veces por semana?
Sin duda el cambio en las pautas de consumo ha venido condicionado por la crisis e importantes sectores sociales ahora más pobres no pueden permitirse una alimentación saludable. Este descenso en la renta familiar favorece la compra de productos menos nutritivos, de fácil acceso, altamente procesados y con un elevado contenido calórico en detrimento de alimentos frescos como carne, pescado, frutas y verduras. Además, este hecho se agrava cuando nos encontramos en un contexto “obesogénico” que favorece el sedentarismo y el consumo de alimentos ultraprocesados con un elevado contenido calórico, hecho especialmente preocupante y dañino para la infancia.

– Las entidades sociales están asumiendo el papel de llegar a donde la administración no llega mediante comedores, sistemas de donación de alimentos, etc. ¿Estamos ante un fracaso del Estado del bienestar?
Es importante que exista una sociedad dinámica y que se articule para enfrentar las problemáticas que van surgiendo, sobre todo en momentos de emergencia. Las entidades sociales han cubierto ciertos vacíos pero no sería bueno que se cronifique la situación y evite afrontar problemas de carácter estructural que son responsabilidad de la administración. Desde muchos ayuntamientos y administraciones nos consta que ya se están replanteando medidas y asumiendo responsabilidades y competencias. Desde la FAO se viene haciendo mucho énfasis en los últimos años en destacar la importancia que los sistemas institucionalizados de protección social bien financiados tienen a la hora de reducir el hambre y la malnutrición en todo el mundo.

– ¿Cuáles son, a día de hoy, los grandes retos de las administraciones públicas con respecto a la seguridad alimentaria?
La magnitud de la problemática es de gran envergadura. El principal reto es reconocerlo y aplicar medidas de la dimensión que merecen. Deben priorizarse el tratamiento de estos problemas no sólo en el ámbito discursivo, sino también en el normativo y presupuestario. Las agendas internacionales apuntan de forma nítida en esta dirección. Disponemos de una Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que marca claramente como objetivo el acabar con el hambre y la malnutrición. Nos encontramos en pleno Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición. La I Cumbre Mundial de Parlamentarios contra la Malnutrición se celebrará en noviembre de 2018 en Madrid. Los diagnósticos y los instrumentos están encima de la mesa. Es momento de ponernos en acción con mucho compromiso y determinación.

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